Recientemente
acabamos de ver el éxito de la marcha por la dignidad encabezada por la
ciudadanía de Chihuahua independientemente de las preferencias políticas o
posiciones ideológicas de quienes lo conformaron. Esta marcha es un parteaguas
que marca el área de oportunidad que vivimos en México y la posibilidad de
hacer cambios estructurales en esta materia.
De
todos es bien sabido el problema de cacicazgos que se viven en los municipios y
en los Estados, no exclusivos de ellos también en la Capital del país y sus
antiguas delegaciones y próximas alcaldías. Un ejemplo ha sido como los
gobernadores estatales han secuestrado los congresos estatales y han utilizado
a las contralorías locales como órganos a su propio servicio.
En la misma capital, el exjefe de
gobierno, Andrés Manuel López Obrador destruyó a la oposición en la Asamblea y
los documentos en relación con los segundos pisos se mantiene, por fines
políticos, cerrados. Otro caso es con su sucesor, Marcelo Ebrard Casaubón,
quien sigue impune por la gran estafa que significó dentro de la Ciudad de
México, la Línea 12 del metro.
En
los Estados vemos casos como el de Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en
Chihuahua y Roberto Borge en materia de desvío de recursos en sus estados. Pero
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no se etiquetan los recursos? ¿Qué no están
funcionando nuestras instituciones? ¿Qué puede hacer la sociedad civil en esta
materia? ¿Cómo podrían apoyar las asociaciones civiles?
La
mayoría de los recursos que reciben los estados están etiquetados. Sin embargo,
existe el ramo 23. Los recursos de este ramo van dirigidos precisamente como
apoyo a sectores vulnerables económicamente que ni saben que ni existen. Los
congresos locales, al estar cooptados por sus gobiernos no ejercen la presión
que se debería a fin de canalizarlos de forma adecuada.
Empero,
va más allá, ya que los órganos de fiscalización de dichos congresos, al estar
bajo las órdenes del ejecutivo local, no están funcionando como deberían. Eso
sin mencionar a las Contralorías estatales que, como en el caso del Estado de
México en el caso del exgobernador Arturo Montiel Rojas, han funcionado más
como partes defensoras y no fiscalizadoras.
Lo
mismo sucede con los órganos desconcentrados de contraloría que, perciben sus
ingresos por parte de dichos estados. A eso sumémosle la inoperancia al armar
expedientes y fincar delitos a los exgobernadores que se han visto involucrados
en estos casos de corrupción, generando una verdadera bola de nieve heredando
estos problemas estructurales las administraciones que vienen.
Lo anterior es un círculo vicioso
en donde se ven involucrados los tres poderes. Además, existe la sumisión de
los gobernadores a la Federación por el ramo 23, moneda de cambio según te
portes, al igual que la impartición de justicia. Por ende, la marcha de la
dignidad es el faro que coadyuve a combatir este círculo vicioso de corrupción y
cacicazgos que imperan hoy en día en nuestro país.
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