La
Declaración Universal de Derechos Humanos, que signó México ante la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, en su Artículo 23 primer inciso es
muy clara al estipular el derecho que tiene todo ser humano al trabajo, que a
su vez es una obligación. Sin embargo, ¿De qué sirve que el trabajo sea un
derecho per sé para el ser humano si
hoy en día no se tiene acceso a él?
Y
es que con la explosión demográfica, las oportunidades laborales se han visto
afectadas, no solo al no ser suficientes, sino que además, por simple Ley de
Oferta y Demanda, los salarios suelen ser bajos. Algunos remarcarían la
importancia del salario mínimo. Desgraciadamente, no es la solución más
adecuada, sin contar el mercado negro que generó: la informalidad.
Es
por ello que, ante los nuevos retos y para darle, a una parte de la ciudadanía,
una solución ante el grave problema de desempleo, el Gobierno necesita
imperantemente realizar dos reformas: una Fiscal, que quite carga impositiva a
las Pequeñas y Medianas Empresas, PyMES y los trabajadores y otra Laboral que
flexibilice la contratación por parte de las empresas.
Específicamente
me avocaré a la segunda. De nada sirve que, el trabajo sea un derecho, si el
Gobierno no realiza las políticas necesarias para que la mayor parte de la
población acceda a este. No se olvide la importancia que tiene a fin de
combatir la pobreza. Es también necesario que el acceso a un salario justo y
digno. Lo anterior sin detrimento de los derechos laborales ya alcanzados.
Por
tanto, el Gobierno Federal atacó este problema desde el punto de vista
económico. Promoviendo el autoempleo y las PyMES. De esta forma, se logra que
una mayor parte de la ciudadanía tenga acceso a este derecho. Empero, así como se
requiere liberar parte de la carga fiscal que arrastran las PyMES, es necesario
aminorar sus obligaciones con el trabajador.
Ésto
permitiría atacar al mercado laboral por el lado de la demanda. Es decir que,
creando más oportunidades se buscaría contratar más personal con mejores
salarios. Lo anterior no iría en menoscabo de los derechos históricos
alcanzados por los trabajadores. Así, la izquierda olvida la obligación que
tiene, no solo de mantener los derechos laborales, sino de generar más empleo.
No
olvidemos que, la izquierda se hace cómplice con el Partido Revolucionario
Institucional, PRI, de seguir manteniendo el coto de poder y la impunidad de
Líderes Sindicales que están muy alejados de defender, o tan siquiera
preocuparse de, los derechos de los trabajadores. Los sindicatos reciben gran
cantidad de dinero por parte del Gobierno, no así especifican en que lo gastan.
Así, al PRI como a la coalición de izquierdas no les conviene, por
cuestión clientelar, que los sindicatos se abran a la transparencia y
fiscalización de sus gastos. Se vería afectada gente muy poderosa que los
apoya, ya que ellos pueden inmiscuirse en asuntos del Gobierno, no así éste que
debe respetar la vida sindical. ¿De qué sirve quejarnos de Elba Esther si los
mismos partidos la protegen al negarse a una Reforma Laboral?
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